El transporte irregular en Puebla se ha expandido considerablemente, ofreciendo viajes locales y foráneos a precios significativamente más bajos que los de las líneas comerciales, pero con importantes riesgos para los usuarios, como la falta de seguros y el sobrecupo.
En diversas zonas de Puebla y su área metropolitana, camionetas y automóviles particulares operan sin permisos estatales ni federales, proporcionando servicios diarios a destinos como Teziutlán, Oaxaca, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Cuernavaca. Estas unidades, a menudo estacionadas cerca de terminales autorizadas como la CAPU o la base de la línea Oro, destacan por sus tarifas hasta un 86 % más económicas.
Terminales improvisadas en Puebla y San Andrés Cholula
En las inmediaciones de la CAPU, camionetas tipo van y automóviles particulares se agrupan en estacionamientos, donde administradores informales organizan los viajes. Por ejemplo, un trayecto a Teziutlán cuesta 200 pesos, una opción considerablemente más barata que las líneas convencionales, pero sin la garantía de un seguro de viaje.
De manera similar, viajes a Oaxaca desde Puebla se ofertan por 330 pesos, en camionetas con matrículas particulares, muy por debajo de las tarifas de empresas establecidas. Estas unidades suelen operar en paraderos improvisados sin infraestructura básica, como sanitarios o áreas de espera.
En San Andrés Cholula, cerca de la Vía Atlixcáyotl, taxis y combis “pirata” realizan recorridos frecuentes hacia Atlixco, Izúcar y Cuernavaca. Las tarifas, que oscilan entre 35 y 80 pesos, son atractivas para los usuarios, pese al sobrecupo y la ausencia de matrículas adecuadas.
Regulaciones ignoradas
La Ley de Transporte del estado de Puebla y la Ley de Caminos y Autotransporte Federal exigen que las unidades destinadas al traslado de pasajeros porten matrículas específicas y cumplan con requisitos como tarifas reguladas y un sistema de atención a quejas, condiciones que no se cumplen en estos servicios irregulares.
Ni las autoridades federales ni estatales han tomado acciones visibles para controlar esta proliferación de transporte no autorizado, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.
Este fenómeno refleja una creciente preferencia por ahorrar tiempo y dinero, sacrificando las garantías mínimas de seguridad.
