Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha presentado una propuesta intermedia para resolver la controversia en torno a la reciente reforma judicial. La iniciativa busca mantener algunos aspectos esenciales de la reforma aprobada por el Congreso, pero propone anular puntos polémicos que generaron impugnaciones.
Elementos clave de la propuesta
El proyecto de sentencia, relacionado con la acción de inconstitucionalidad 164/2024, plantea que la Corte valide la elección de ministros, la extinción de fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Sin embargo, propone anular la elección por voto popular de jueces y magistrados, así como la figura de los “jueces sin rostro”.
El ministro Alcántara argumenta que mantener la elección de ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es fundamental, pero la elección directa de jueces y magistrados podría vulnerar la autonomía del Poder Judicial.
Resolución de la crisis constitucional
Alcántara, quien fue nombrado ministro por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca que esta resolución ponga fin a la crisis constitucional y restablezca la normalidad institucional en las relaciones entre los Poderes de la Unión. En su proyecto, el ministro señala que es necesario autolimitar el alcance del análisis para evitar un pronunciamiento sobre las reformas que afectan a las ministras y ministros de la SCJN, basándose en precedentes que indican que los ministros no tienen impedimento para participar en acciones de inconstitucionalidad.
Este proyecto será discutido el jueves 31 de octubre, donde se determinará si la Corte avala esta propuesta para encontrar una salida negociada que ponga fin al conflicto institucional.
Luz verde a extinción de fideicomisos y creación del Tribunal de Disciplina
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha presentado un proyecto de sentencia que avala aspectos clave de la reforma judicial, incluyendo la extinción de fideicomisos y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial. La propuesta plantea que estas medidas promueven austeridad y eficiencia en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Medidas de austeridad y extinción de fideicomisos
El proyecto respalda la extinción de fondos y fideicomisos del PJF, una medida que había sido promovida como parte central de la reforma. Durante su gestión, el expresidente Andrés Manuel López Obrador defendió estas acciones al señalar que los ministros de la Corte percibían ingresos superiores al del presidente y gestionaban fideicomisos que sumaban 15 mil millones de pesos.
Sin embargo, la sentencia concluye que estas medidas buscan racionalizar el gasto público sin afectar la independencia judicial ni la autonomía presupuestaria o de gestión del PJF.
Creación del Tribunal de Disciplina y nuevos órganos
El proyecto también valida la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración, los cuales sustituirán al actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Además, se avala que los integrantes de estos órganos sean elegidos por voto popular, al no encontrarse evidencia de que ello implique subordinación a otro poder externo.
Evaluación de desempeño para juzgadores
Se propone que los jueces y magistrados sean evaluados en su desempeño a partir del primer año de su gestión, y se reconoce la legalidad de las funciones del Tribunal en relación con denuncias y otros regímenes de responsabilidad aplicables al personal judicial.
Con estas propuestas, el ministro González Alcántara busca fortalecer la eficiencia del Poder Judicial, manteniendo su independencia y garantizando un marco institucional que responda tanto a las demandas de austeridad como a la transparencia en su operación.
Invalidez de facultades del Tribunal de Disciplina y recortes salariales
El proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone invalidar varias facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, así como los recortes salariales a jueces y magistrados, con el objetivo de proteger la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Facultades excesivas y violación al debido proceso
El ministro argumenta que las “facultades ambiguas y amplias” otorgadas al Tribunal de Disciplina Judicial podrían comprometer la independencia de las personas juzgadoras al generar un sometimiento indebido. En este sentido, también se invalida la inatacabilidad de las sentencias emitidas por este órgano.
Asimismo, el proyecto rechaza los procedimientos disciplinarios que se desarrollen bajo una instancia única o doble, si ambas están conformadas por los mismos integrantes, al considerarlos violaciones al debido proceso de los juzgadores.
Eliminación de los “jueces sin rostro”
Otra medida que se invalida es la posibilidad de ocultar la identidad de las personas juzgadoras en casos relacionados con crimen organizado. Esta figura, conocida como “jueces sin rostro”, se considera contraria a los derechos humanos y al debido proceso.
Recorte salarial y remoción de jueces y magistrados
El proyecto también anula el recorte salarial a jueces y magistrados, así como la remoción masiva del personal judicial. Ambas medidas fueron consideradas una violación a las garantías de inamovilidad y irreductibilidad de percepciones, esenciales para proteger la autonomía del Poder Judicial y mantener la división de poderes.
Con estas decisiones, el proyecto busca preservar el equilibrio democrático, evitando cualquier intervención que pudiera afectar la independencia judicial o comprometer la correcta administración de justicia.
