El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, admitió a trámite cinco acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. Las demandas fueron promovidas por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Unidad Democrática de Coahuila y legisladores locales de Zacatecas. Sin embargo, el ministro rechazó suspender la implementación de la reforma mientras se resuelve el fondo del asunto.
Sin suspensión para la reforma judicial
En su resolución, González Alcántara Carrancá aclaró que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no implica la suspensión automática de la norma. Citó el artículo 64, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria para fundamentar su decisión:
“No ha lugar a acordar favorablemente su solicitud, toda vez que de dicha disposición se advierte, claramente, que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma general”.
El ministro también había admitido anteriormente una controversia constitucional interpuesta por el Gobierno de Guanajuato sobre la misma reforma judicial.
Solicitudes a legisladores y órganos del Estado
Carrancá solicitó al Congreso de la Unión que, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores, envíen copias certificadas de los antecedentes legislativos relacionados con el decreto de la reforma judicial, incluyendo iniciativas, dictámenes y actas de votación.
También requirió que el Poder Ejecutivo Federal remita una copia certificada del Diario Oficial de la Federación (DOF) con la publicación del decreto, el cual se promulgó el 15 de septiembre y entró en vigor un día después. Además, los congresos locales deberán enviar cualquier información relevante en su poder sobre el decreto.
Opiniones del TEPJF e INE
El ministro solicitó la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en un plazo de 10 días naturales. Esta solicitud se dirige a obtener información sobre las acciones presentadas por Marko Cortés (PAN), Alejandro Moreno (PRI), Dante Delgado (Movimiento Ciudadano), Evaristo Lenin Pérez Rivera (Unidad Democrática de Coahuila) y otros involucrados.
Por otro lado, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, deberá enviar en un plazo de tres días naturales los estatutos vigentes de los partidos políticos promoventes, así como una certificación de sus actuales representantes e integrantes de sus órganos de dirección nacional.
Esta decisión marca un avance en la evaluación de la constitucionalidad de la reforma judicial, aunque sin frenar su implementación en el proceso.
